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Presentarán el caso de Lucía ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Organizaciones denunciarán ante el organismo internacional los obstáculos a los que se enfrentan las niñas víctimas de violencia sexual para acceder a la interrupción legal del embarazo en Argentina.

El Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, junto a Abogados y abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), y el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Argentina (CLADEM Argentina) concurrirán a audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que asistirá también el estado argentino, el próximo 27 de septiembre en su sede de Washington DC. Allí denunciarán ante la CIDH los obstáculos de niñas víctimas de violencia sexual para acceder a la interrupción legal del embarazo en Argentina.

Presentarán el caso Lucía, la niña de 11 años embarazada por una violación a la cual se le realizó una cesárea forzada luego de que el estado provincial de Tucumán dilatara la aplicación de la interrupción voluntaria del embarazo (ILE) durante más de un mes y la obligara a parir en Tucumán. Será presentado como caso testigo del incumplimiento de las obligaciones del Estado.

Nora Pulido, coordinadora del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, Fernanda Marchese, directora ejecutiva de ANDHES y Celia Debono, coordinadora nacional de Cladem Argentina viajarán a Washington para defender la postura de las organizaciones.

Denunciarán ante la CIDH que el Estado vulnera el alcance del inciso 2 artículo 86 del Código Penal que establece las excepciones para la penalización del aborto y que incumple lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo FAL en relación del aborto no punible. En este sentido, apuntarán a las provincias que, escudándose en el federalismo, no aplican el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo elaborado en el 2015 y modificado en el 2016 por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación.

En esa ocasión se insistirá sobre los obstáculos que enfrentan las niñas y las adolescentes embarazadas producto de haber sido víctimas de violencia sexual para acceder a la interrupción legal del embarazo en la Argentina.

También denunciarán la falta de educación sexual integral en las escuelas y a los movimientos antiderechos que impulsan acciones que obstaculizan a las niñas, adolescentes y mujeres el ejercicio del derecho a acceder a la ILE.

“Necesitamos que este círculo permanente de violencia sobre el cuerpo de las niñas y esta obligación a hacerlas parir y ser madres contra su voluntad tiene que cortarse. Las niñas tienen derecho a gozar de una niñez feliz sin intrusión de adultos mayores en su desarrollo pleno”, plantearon desde las organizaciones en un comunicado.

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