Actualidad | remate de vehículos | Matías Figueroa Escauriza

La pulseada por el remate de vehículos decomisados

Ni bien se conoció la orden de un juez de frenar la subasta anticipada de cuatro vehículos decomisados a personas que están siendo juzgadas, desde el Ministerio de Justicia provincial salieron a refutar la decisión.

La orden del juez Hernan Postma apuntó directamente al gobierno provincial. Le ordenó frenar las subastas anticipadas de cuatro autos decomisados a personas que están siendo juzgadas en la causa que se conoce como “Los Romero”.

Según el magistrado, la administración provincial desobedeció una orden judicial previa que ordenaba no realizar las subastas hasta que hubiera una sentencia definitiva contra las personas a las que se les secuestraron los vehículos.

Quien salió a responder fue Matías Figueroa Escauriza, secretario de Gestión Pública del Ministerio de Justicia de la provincia. Aseguró que el fallo que frenó la subasta de autos incautados a una banda será apelado.

El funcionario insistió en que la resolución "no se expidió sobre la inconstitucionalidad" de la ley que dispone los remates. Según agregó, “la norma habilita a hacer las subastas anticipadas” ya que es una manera de preservarlos y evitar su deterioro.

Escauriza aclaró además que la ley admite que el Estado venda esos bienes. “El valor al que se los subasta queda registrado y también los intereses que se puedan generar en el mercado financiero. Si los imputados quedaran absueltos, se restituye en valor económico que se obtuvo de la subasta más los intereses que se pudieran generar. Así se preserva el valor de los bienes y no se deprecia por el paso del tiempo".

La ley

A partir de la sanción de la ley 13.579 en 2016, se permite el decomiso de bienes obtenidos como consecuencia de delitos cometidos en jurisdicción provincial. Desde entonces se realizan las subastas a través de la Agencia de Bienes Decomisados (Aprad), que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Según publica el diario La Capital, en Rosario se entabló desde el principio un pleito legal contra uno de los apartados de la ley, que permite la subasta anticipada. Esto se pensó como excepción con un motivo defendido por todos los legisladores, que es evitar los gastos y exigencias que supone el mantenimiento y la conservación del vehículo. El sustento de la ley es que al Estado le cuesta más mantener un vehículo que ejecutarlo.

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