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La asignación para víctimas de violencia de género que no fue

Casi un año pasó de la sanción de la ordenanza que establecía una asignación económica para mujeres víctimas de violencia y aún ninguna fue beneficiada por esta política pública. ¿Qué pasó?

La ordenanza que establecía que las mujeres víctimas de violencia de género recibirían una asignación económica fue sancionada por el Concejo Municipal el 13 de diciembre del año pasado y aún no se implementó.

La explicación al por qué no hay ninguna mujer beneficiada aún es porque la Ordenanza 9960 nunca se reglamentó. En agosto de este año el Concejo aprobó un pedido de informe donde se solicitó conocer el estado de la reglamentación de dicha norma “ya que se han recibido reclamos y consultas referidos a que no se ha implementado”, expresaban los considerandos de ese decreto. Tampoco fue respondido ese pedido de informe.

El proyecto desarrollado por la concejala Norma López se incluyó en el Presupuesto municipal para el 2019 y los fondos provendrían de la secretaría de Desarrollo Social a cargo del área de Atención en Violencia de Género de Rosario.

Como primer paso se crearía un registro de personas beneficiarias. Para acceder a ese dinero –hoy sería de unos 2600 pesos- se plantearon algunos requisitos a cumplir. Entre ellos se destacaban estar desempleada, con un trabajo precarizado, o no tener ingresos; encontrarse alojada por el Área de Atención en Violencia de Género; tener residencia permanente en Rosario y ser mayor de 18 años.

“En función del registro, el municipio debe abonar mensualmente a las víctimas de violencia de género una prestación económica del valor equivalente al monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) durante seis meses”, explicó la concejala al momento de aprobarse la ordenanza.

Esta semana volvió a insistir en la reglamentación. "Cuando presentamos la iniciativa para crear una asignación para mujeres víctimas de violencia -hace casi dos años- no imaginamos que el Socialismo iba a desvalorizar y ningunear tanto una acción que permitiría una bocanada de aire e impulso para aquellas que pudieron dar un paso tan importante como correrse del núcleo violento del que eran parte", dijo indignada López a Versión Rosario. Y continuó: "Que las mujeres víctimas de violencia de género hoy no cuenten con esta asignación es una decisión política, otra más que deja en claro cómo y qué se ha hecho por las mujeres en todos estos años".

Violencia económica y patrimonial

Cuando se habla de violencia de género se piensa en golpes, insultos o violaciones. Pocas veces se habla de este tipo de violencia que hace que muchas mujeres se vean obligadas a permanecer al lado de un hombre golpeador por la imposibilidad de sostenerse económicamente por sus propios medios. Especialistas en la temática remarcan algunas conductas propias de la violencia económica: “maneja tu sueldo, tenés que pedir permiso para hacer determinadas compras, no sabés cuánto gana él, te oculta la existencia de bienes, te impide trabajar, nunca llegas las pensiones alimenticias para los hijos o son insuficientes”.

De acuerdo a la ley 26.485 –de Protección Integral a las Mujeres-, “la violencia económica y patrimonial constituye un tipo de violencia generalizado que limita y menoscaba los recursos económicos de las mujeres, destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna”.

El texto de la ordenanza

La iniciativa impulsada por Norma López en 2018 estableció que, en función del registro, el Municipio debe abonar mensualmente a las víctimas de violencia de género una prestación económica de valor equivalente al monto de la Asignación Universal por Hijo durante seis meses –hoy cercano a los 2600 pesos-. Se contempló, en tanto, que las víctimas debían ser evaluadas por el Área de Atención en Violencia de Género y que realizaran talleres referidos a la temática para que esa asistencia integral les permita enfrentar el círculo de la violencia, revertir dicha situación y concientizarse acerca de los derechos que la asisten, “considerando que el abordaje de la violencia de género debe ser integral y necesita articularse con programas sociales y créditos que promuevan la autonomía económica de las víctimas”.

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La edila justicialista entiende que es fundamental revertir esta limitación económica a través de políticas públicas que garanticen la existencia y disponibilidad de recursos, que a su vez permitan el cumplimiento de los objetivos de la ley protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

“En lo que va del año 2019, la canasta familiar alcanzó un aumento del 32,23% (octubre 2019), y un 55,54% desde septiembre de 2018, es decir, que lo que era de urgencia hace más de un año, hoy resulta crítico”, expresó López.

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres que se conmemora el 25 de noviembre, es preciso recordar los tipos de violencia que existen, revisar los vínculos y denunciar los casos al teléfono gratuito 144.

  • Violencia física
  • Violencia psicológica
  • Violencia sexual
  • Violencia económica y patrimonial
  • Violencia simbólica

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