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Demanda a un escribano por mala praxis profesional

La Justicia rosarina hizo lugar a una demanda contra un escribano por mala praxis profesional, tras un asesoramiento que perjudicó notablemente a su cliente.

El escribano que fue demandado por una mujer por mala praxis profesional deberá pagar una suma cercana a los 400 mil pesos, entre capital e intereses. Se trata de una demandapor la responsabilidad civil de un notario por no asesorar debidamente antes de la firma de una escritura donde se cambiaba del régimen de comunidad de gananciales entre esposos a un régimen de separación de bienes estando los cónyuges ya separados de hecho y recibiendo un auto la mujer y todos los demás bienes el hombre

La mujer demandó al escribano por los daños y perjuicios producidos por el incumplimiento de sus deberes profesionales, atento a no haberle brindado el asesoramiento correspondiente a los actos realizados por su intermedio el 2 de noviembre de 2015. En primera instancia se rechazó la demanda por mala praxis profesional ya que se afirmó que “las partes prestan conformidad con las tasaciones efectuadas privadamente, y declaran haberlas realizado cada uno de ellos con el asesoramiento de profesionales en la comercialización de cada tipo de bienes”.

Sin embargo, el magistrado entendió que el escribano actuó “como controlador del instrumento continente del acuerdo de partes” y el trabajo confiado no fue más que volcar en un instrumento privado el acuerdo ya celebrado”. La mujer sostuvo que “el escribano no conocía su voluntad y mucho menos de la existencia de un presunto acuerdo previo al momento en que debió asesorar. Quedó acreditado que desde que contrajo matrimonio hace casi treinta años atrás nunca ejerció como docente, y se desempeñó sólo como ama de casa y a la fecha de la firma, el escribano ignoraba los estudios que tres décadas atrás había realizado ella, e ignoraba también la ocupación de la otorgante, ama de casa, pues en la escritura no constan la ocupación de cada firmante”.

En noviembre de 2015 se instrumentó en una escritura pública la modificación del régimen patrimonial del matrimonio y la adjudicación por partición de bienes, la cual fue otorgada por ella y quien había sido su esposo. También convinieron que el hombre le abonaría mensualmente cierta suma de dinero durante tres años. La mujer destacó que “su ex esposo se quedó con la totalidad de la masa de los bienes gananciales, excepto un automotor de escaso valor que fue el único bien que le fue adjudicado, todo lo cual denota una evidente desproporción en la distribución y una absoluta inequidad”.

Se afirmó en la resolución de la Sala Segunda integrada de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, con el voto del juez Gerardo Muñoz y la adhesión de Marcelo Molina, que “existe un amplio consenso en la doctrina científica moderna acerca de que el escribano no reviste la calidad de funcionario público pero que su actividad excede la meramente privada. Se lo califica como un profesional de derecho que ejerce una función pública”.

Se agregó que “el notario debe recoger la voluntad de los sujetos negociales, interpretarla, encuadrarla jurídicamente, asesorarlos, explicarles el contenido del acto que quieren instrumentar, sus alcances, inconvenientes, etcétera”. También el camarista Muñoz puntualizó que “la mera lectura del documento instrumentado lógicamente que no implica el asesoramiento profesional respecto de las consecuencias del acto que se suscribe ni mucho menos de conveniencia o inconveniencia para las partes. Es aconsejable, sin embargo, que el escribano informe a los otorgantes de los riesgos que pueden presentarse en instrumentaciones de actos jurídicos con dudas científicas significativas, con el objetivo de afrontar sólidamente eventuales reclamaciones de daños”.

Expresó que “se desprende la pérdida del patrimonio ganancial que, en principio, le correspondía a la mujer, su desarraigo, su necesaria inserción en el mercado laboral con posterioridad a la celebración de los actos instrumentados, el lógico descenso del nivel económico de vida que padeció como consecuencia de los actos concertados, los que fueron instrumentados por el notario sin el debido asesoramiento previo que tenía a su cargo y que era su obligación”.

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