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El Estado reconoció ante la CIDH que vulneró los derechos de Lucía

Lo hizo durante la Audiencia Temática en el marco del 173° Período Ordinario de Sesiones del organismo internacional. A Lucía, una niña de 11 años, el Estado le negó la posibilidad de acceder a un ILE. Su embarazo fue producto de las múltiples violaciones sufridas por parte de la pareja de su abuela.

El viernes 27, el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, junto a Abogados y abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) y el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Argentina (CLADEM Argentina) concurrieron a la audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington DC. Allí denunciaron los obstáculos a los que se enfrentan las niñas víctimas de violencia sexual para acceder a la interrupción legal del embarazo en Argentina.

En la oportunidad, presentaron como caso testigo el de Lucía, una niña de 11 años embarazada por una violación a quien se le negó durante un mes el acceso a interrupción voluntaria del embarazo (ILE) y se la obligó a parir en Tucumán.

“Desde que Lucía ingresó al Hospital, en innumerables oportunidades y de la manera en que ella podía, solicitó que se interrumpiera su embarazo. Según su madre la niña expresó ‘quiero que me saquen lo que el viejo me puso adentro'”, expresó Celia Debono, coordinadora de Cladem al tomar la palabra.

“Transcurrido un mes desde que el sistema de salud tuvo conocimiento del embarazo, el gobierno de Tucumán habilitó la ILE en la madrugada del 27 de febrero, debiendo contratar médicos del sistema privado, ya que todo el personal del hospital se declaró objetor de conciencia” denunció la coordinadora de Cladem.

Además especificó en el relato:“El propósito que tuvo el estado fue utilizar el cuerpo de Lucía, para hacerla llevar un embarazo contra su voluntad y obligarla a ser madre, por razón de género. La imposición de la maternidad anula la autodeterminación de las niñas y las instrumentaliza”.

Por su parte Fernanda Marchese, directora Ejecutiva Andhes señaló que “El caso Lucía, no es un caso aislado sino que constituye un caso testigo para entender lo que le sucede a niñas argentinas víctimas de violencia sexual” y agregó que “las niñas en Argentina no cuentan con una educación de calidad, respetuosa de sus derechos y con perspectiva de género”.

En respuesta a lo dicho por las organizaciones, quienes participaron como respresentantes del Estado admitieron que el gobierno de la provincia de Tucumán “vulneró los derechos de Lucía cuando ingresó a las instituciones solicitando se garantice su derecho a la ILE”.

A su vez, Nicole Neiman funcionaria del Instituto Nacional de las Mujeres afirmó que están “trabajando para que los derechos de las niñas y adolescentes sean respetados independientemente de donde viven” e informó que el Instituto ofreció presentar un amicus curiae para acompañar a los médicos intervinieron en el caso y que fueron imputados por homicidio.

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