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El CELS pone en jaque los datos de narcotráfico dados a conocer por el gobierno

El CELS dio a conocer recientemente un informe en el que analiza una serie de datos que desmienten las afirmaciones del gobierno macrista respecto de la problemática.

El gobierno macrista, con la ministra de Seguridad a la cabeza, Patricia Bullrich, se jacta de luchar contra el narcotráfico más que ningún otro gobierno. Sin embargo, el contraste de una serie de datos ponen en duda las afirmaciones que realizan de manera constante en cada uno de los operativos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) dio a conocer recientemente un informe en el que analiza una serie de datos que ponen sobre la mesa la realidad de la problemática.

"En la lucha contra el narcotráfico llevamos 49.219 detenidos, con un 36% de detenidos que sale rápidamente por lo que es el trámite de tenencia para consumo", afirmó Bullrich en el Congreso en 2018.

Según releva el CELS, “ese 36% significa que, en tres años, las fuerzas federales detuvieron a 17.720 personas por consumir drogas, casi 20 por día. El gobierno, en lugar de ordenar el cese de esas detenciones, incentiva la persecución policial de consumidores y consumidoras e incluye estas detenciones como un éxito de la “guerra” que lleva adelante. Enormes recursos policiales se dilapidan en esta persecución”.

Los datos disponibles indican que “la gran mayoría de las y los detenidos son consumidores o pequeños vendedores”. Además, se señala que “en 2017, el 79,4% de las detenciones estuvieron originadas en situaciones en las que la policía detectó a simple vista, al transitar las calles, o recibió en las comisarías denuncias de hechos relacionados con el consumo, la tenencia y la venta minorista”.

Según la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), entre 2011 y 2018, el 48% de las causas por drogas iniciadas en la justicia federal del país (89.131 sobre un total de 187.398) fueron por tenencia simple y para consumo.

Encarcelamiento

Según señala el informe del CELS, la tasa de encarcelamiento nacional pasó de 154 a 209 personas privadas de la libertad cada 100.000 habitantes entre 2002 y 2017. Los delitos por drogas ocupan un lugar destacado en ese aumento. La población detenida en cárceles de Argentina pasó de 46.288 en 2002 a 85.283 en 2017, un aumento del 84%. En ese mismo período la población carcelaria por drogas aumentó un 252%.

Además, a pesar de que la gran mayoría de las causas por drogas son delitos con expectativa de penas bajas y de que se trata de personas sin antecedentes penales, el uso generalizado de la prisión preventiva es aún más marcado que en otros delitos. Un gran porcentaje de las y los detenidos por drogas no tienen condena. En 2017, el 54% de las y los presos en todo el país ya habían recibido sentencia en primera instancia. En el caso de las y los presos por drogas ese porcentaje era de apenas un 33%, es decir que la mayoría estaba esperando el juicio en la cárcel.

Tasa de encarcelamiento 2002-2017.png

¿Quiénes son las personas que están privadas de libertad por drogas?

De los datos se desprende que en 2017, el 45% de las personas presas por delitos relacionados con las drogas no había terminado el nivel primario de educación o no había tenido ningún tipo de instrucción. El 85% no había terminado el nivel educativo secundario.

Al momento de ingresar al sistema carcelario, el 36% de los varones presos por delitos de drogas estaba desocupado y el 38% tenía trabajo a tiempo parcial. Sólo el 24% tenía trabajo estable a tiempo completo. Entre las mujeres un 46% estaba desocupada y un 29% tenía trabajo a tiempo parcial. Sólo el 22% tenía trabajo a tiempo completo. Entre la población trans el 63% estaba desocupada y un 25% tenía trabajo a tiempo parcial.

Según señala el CELS cuando los datos sociodemográficos se cruzan con los mencionados, se desprende que la gran mayoría de las y los encarcelados son pobres, vendedores o vendedoras minoristas, personas usadas como correos o microtraficantes.

Mujeres cis

La causa principal de la privación de la libertad de mujeres en la Argentina es la infracción a la ley de drogas.

En 2017, 1.561 mujeres estaban encarceladas por delitos tipificados en la ley 23.737, lo que representa el 43,6% del total de las mujeres presas. La mayor parte de las mujeres privadas de la libertad por la ley 23.737 cometió delitos no violentos e infracciones de menor escala. Según muestran los datos de condenas, la mayor parte de las detenidas está en el mínimo de la escala penal que establece esa ley.

Del total de mujeres presas por drogas en 2017, solo el 30% tenía una sentencia firme. De ellas, el 61% no había cometido delitos con anterioridad. Para ese mismo año, de las 1539 mujeres presas por drogas, solo 23 habían cometido también otro delito.

Causas de encarcelamiento de mujeres en Argentina-2017.png

El 82% de las mujeres condenadas en 2016 recibieron penas de hasta 4 años. Las sentencias judiciales muestran que la gran mayoría se trata de delitos de comercialización (76%), tenencia (17%) y contrabando (6%).

Muchas mujeres habitantes de barrios pobres, con hijos/as a cargo, se involucran en la venta de drogas como estrategia de supervivencia. El Observatorio de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires analizó los partes policiales de detenciones de mujeres que comercializaban. Encontró estas descripciones:

“Profesión ama de casa. Al momento de su detención vivía sola con sus hijos de 16, 10 y 8 años respectivamente, con la ayuda del Plan Social Jefes y Jefas de Hogar. Residía en una vivienda de un solo ambiente separado por muebles.”

“La imputada residía sola junto a sus tres hijos de 7, 13 y 15 años. Casilla con paredes de madera. Techo solo de chapa, piso de cemento alisado.”

Para el CELS, “los datos de detenciones y encarcelamiento muestran que la “guerra contra el narcotráfico” argentina se concentra en perseguir a personas cuya detención no incide en la desarticulación del negocio ni de las redes de ilegalidades que se propagan para su desarrollo. Gran cantidad de recursos del Estado -policiales y judiciales- se malgastan persiguiendo delitos menores. Estos delitos en general son cometidos por personas pobres”.

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