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Amenazas de bomba: una "moda" desactivada

Este martes se registró una amenaza de bomba en la Escuela Normal N°2, pero puede considerarse un hecho aislado. Los casos disminuyeron notablemente y en la justicia rosarina solo hay ocho causas activas. En 2017 hubo picos de 30 denuncias diarias. Cómo fue el plan que desactivó esa "moda".

En el Colegio Normal N°2, de Córdoba y Balcarce, se registró en la tarde del martes una nueva amenaza de bomba. Afortunadamente el llamado intimidatorio no pasó a mayores. No obstante se realizó el protocolo de evacuación del edificio y el registro del lugar por parte del personal policial de la división Explosivos.

Según pudo rastrear Versión Rosario, en la justicia rosarina aún hay ocho causas activas por amenaza de bomba en escuelas, donde seis son de 2017, año en el que este tipo de delito se había transformado en “moda”. Hubo picos de 30 denuncias diarias y a partir de allí se activaron distintos protocolos de actuación que involucraron a los ministerios de Seguridad, de Educación y a la Justicia.

El delito de “intimidación pública”, como se caratula cada una de las causas iniciadas, prevé penas de dos a seis años.

En los casos en los que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) interviene están involucrados mayores. Algunos son alumnos y otros padres, quienes debieron responder por sus hijos menores de edad, autores de los llamados intimidatorios. La justicia de Menores tomó los casos de los chicos que no habían cumplido aún la mayoría de edad.

Hace dos años, cuando por día se recibían decenas de denuncias diarias, el costo de cada operativo era de unos 50 mil pesos. Ante cada llamada debían movilizarse por aproximadamente dos horas efectivos de la Brigada de Explosivos de la Policía, bomberos y personal municipal abocados a ordenar y controlar el tránsito.

En 2017 hubo más de 120 llamadas pero en septiembre llegaron las detenciones y allí se logró contener esta “moda” que incomodaba a las comunidades educativas de los distintos colegios debido a que los establecimientos debían evacuarse mientras se realizaban las requisas. En ese lapso de tiempo, que llevaba aproximadamente dos horas, los alumnos permanecían en las veredas o parques aledaños.

Denuncias

Desde el Ministerio de Seguridad afirmaron que el descenso registrado desde la intervención de la Justicia en la resolución de casos es notorio. En 2017 se superaron los 300 llamados intimidatorios tanto a los teléfonos de las instituciones como al 911. Según datos oficiales, en 2018 fueron 80 los casos y en lo que va de 2019 apenas se superan los diez.

Lo que en algún momento se definió como una travesura es en realidad un delito que contempla una pena y que puede generar algún tipo de trastorno en la población afectada.

En septiembre de 2017 la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo diversos allanamientos, donde detuvo a nueve personas y secuestró computadoras y celulares.

Por el delito de Intimidación pública (amenazas de bomba), el MPA tiene “en trámite” ocho causas y en todas se tramita la probations (suspensión del juicio a prueba), por lo que los imputados deberán realizar alguna tarea social para “remediar” el daño causado.

Los imputados esperan la resolución de la causa en libertad. En dos casos fue fijada una caución (de entre 10 y 20 mil pesos) y en otros dos se determinó que deberán estampar su firma de forma quincenal ante la Oficina de Gestión Judicial.

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