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"Alertas Sospechosas": una herramienta que incorpora Santa Fe para combatir delitos económicos

El gobernador Miguel Lifschitz firmó, el pasado 29 de julio, un decreto que crea un protocolo de acción que tiene por objetivo articular un procedimiento para investigar la posible comisión de delitos económicos por parte de personas tanto físicas como jurídicas.

Miguel Lifschitz, gobernador de la provincia de Santa Fe, firmó el decreto que establece, dentro del ámbito del Ministerio de Seguridad, la creación de un “Protocolo para la Detección y Prevención de Delitos Económicos” que tiene como objetivo la detección de inconsistencias patrimoniales sospechosas y la circulación de activos ilícitos.

Según explicaron autoridades provinciales una vez detectado el presunto delito, se origina una “Alerta Sospechosa” que le permite a la Dirección de Investigación Patrimonial del Ministerio de Seguridad comenzar una investigación para determinar si efectivamente se trata de un delito económico. Las alertas deberán ser emitidas por distintas reparticiones pertenecientes a los Ministerios de Seguridad, Economía y Justicia y Derechos Humanos.

“Este protocolo viene a sistematizar un procedimiento que utilizando la información patrimonial con que cuentan determinados organismos del Estado, al advertir una anomalía patrimonial y/o una maniobra que generen sospecha -alerta sospechosa- de un proceder ilícito económico, sepan cómo actuar” expresó Ramón Soques, director de la repartición.

Por su parte el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro recordó que: “Esta provincia es la primera en el país donde a los delincuentes se les subastan los bienes obtenidos con el dinero mal habido. Mientras en el país se discute si se aplica o no la Ley de Extinción de Dominio, en Santa Fe vamos por el tercer remate de bienes y el dinero recaudado se vuelca en instituciones de bien público; y en un hecho histórico vuelve a la sociedad”.

Los organismos que están sujetos a la emisión de las Alertas Sospechosas son la Administración Provincial de Impuestos (API), el Servicio de Catastro e información Territorial, el Registro General de la Propiedad, la Inspección General de Personas Jurídicas y la Secretaría de Análisis y Articulación de Procesos. Además, se establecieron ocho pautas generales ante las cuales están obligados a emitir la Alerta, entre las que se pueden destacar la detección “de cualquier hecho económico que no guarde relación con las actividades declaradas y realizadas por personas humanas y jurídicas” o “movimientos de sumas de dinero en efectivo superiores a 450 Salarios Mínimos Vitales y Móviles”.

Cómo funciona

Una vez que la repartición analiza la alerta recibida, tiene dos caminos: determinar la existencia de elementos suficientes para que, con esos datos, se eleve una denuncia al Ministerio Público de la Acusación o al Ministerio Público Fiscal según corresponda el tipo de delito detectado, siendo el Ministerio de Seguridad el encargado de presentar la denuncia; o desestimar el reporte debido a que no existieren elementos suficientes para elevar denuncia alguna.

“Este organismo - la Dirección de Investigación Patrimonial - capacitado a tal fin, analizada la Alerta Sospechosa llegará a la conclusión de que existen elementos suficientes para elevar al Ministro un informe sugiriendo la denuncia en la Justicia, quien en definitiva debe juzgar o por el contrario, al carecer de motivación suficiente se devuelve al organismo de origen" remarcó Soques.

Por otro lado, en el decreto firmado por el gobernador Miguel Lifschitz y por el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, se invita a municipios y comunas a celebrar un convenio de adhesión para incorporarse al procedimiento.

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